Ivonne Luna

Este es un problema que nos ha acompañado en la historia, así como la necesidad de satisfacer la más anhelada  de las aspiraciones de todo ser humano: dar un techo seguro a la familia, base fundamental de la sociedad.

¿Pero cómo llegamos a esto? Pareciera que siempre estamos entrampados como en el viejo adagio  que decía: “QUIERES QUE TE CUENTE EL CUENTO DEL GALLO PELON”, y nunca encontramos la respuesta, las cosas pasan como en un carrusel y siempre estamos planteando lo  mismo, sin llegar a encontrar la salida a este laberinto.

Hoy enfrentamos el reto de transitar por el camino que nos lleve a encontrar la solución, y es la sociedad en su conjunto la llamada a dar los primeros pasos en algo que nos afecta como país.

La respuesta al déficit de viviendas debe ser el reto de los venezolanos, y en especial de las instituciones, que requiere de una acción conjunta con la unión de esfuerzos del sector público y privado.

El cuarenta por ciento de la población vive en zonas de escasos recursos, con deficiencias o carencias de servicio públicos, y en condiciones de hacinamiento que favorecen a la violencia y al deterioro de vida de sus habitantes, y esta cifra amenaza con hacernos un país sumergido en la informalidad y la anarquía.

Las zonas informales constituyen la principal evidencia física  espacial del fracaso en la conducción de la planificación y gestión urbana.  Conforman la prueba de la inoperancia en afrontar las causas estructurales de la pobreza, de la marginalidad e inequidad de la sociedad en su conjunto.

En la actualidad se discuten en la Asamblea Nacional un conjunto de leyes que tratan de dar respuestas a una realidad que se manifiesta en un déficit acumulado de 2 millones de viviendas, y un crecimiento interanual estimado entre 7% y 9%.

Esto se traduce que  de producir 180 mil viviendas cada año, solo lograríamos detener el incremento interanual  sin atender el acumulado hasta la fecha.

Recientemente el presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción,  Juan Francisco Jiménez, declaró que la edificación de nuevas viviendas confronta problemas derivados de la tardanza en la tramitación y aprobación de la permisería para el sector, la escasez de algunos insumos como es el caso de la piedra y la arena, la falta de mano de obra calificada, y la necesidad de ejecutar parcelamientos con servicios para desarrollos habitacionales.

El Estado por su parte, en órgano del Parlamento, ha presentado leyes que intentan regular los precios de las viviendas y los contratos de preventa, y el Ejecutivo Nacional ha promulgado una serie de leyes orgánicas, de alto impacto en el área económica y social. Ello lo hizo dentro del marco facultativo de la Ley Habilitante, y hasta ahora no se ha redactado la nueva reglamentación en materia de vivienda y hábitat.

El presidente Hugo Chávez,  señaló que “la nueva Ley de Vivienda incrementará la capacidad del Estado y del pueblo en la solución del problema de las viviendas, dándole un rol protagónico a los consejos comunales, tanto en la planificación y control urbano, como en la promoción, construcción y distribución de las unidades habitacionales”.

Pero no son las acciones aisladas del gobierno y la empresa privada las que van a dar respuesta a ese venezolano, que ve con escepticismo  y frustración que el bien más costoso y necesario, que requiere de los recursos de muchos años, sigue agobiado por múltiples problemas: la inflación recurrente que reduce e imposibilita su capacidad de ahorro, y la precariedad del empleo que no permite sentir seguridad a largo plazo, atentan también con la materialización de ese sueño que día a día lo acompaña en su vida.

Por ello debemos llamar la atención a la dirigencia de nuestro país para que haga un esfuerzo en una sola dirección para dar repuestas efectivas a favor de ese ciudadano, a su familia… a Venezuela.

Ivonne Luna