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La introducción de su ponencia estuvo dirigida a informar al público asistente sobre la Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores, principios sobre los que se rige dicha asociación y principales logros. Posteriormente, hizo un profundo análisis sobre la Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, aprobada por vía de Habilitante. Dicha Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene por objeto la defensa, protección y salvaguarda de los derechos e intereses individuales y colectivos en el acceso de las personas a bienes y servicios para la satisfacción de necesidades, establecimientos de los ilícitos administrativos, sus procedimientos y sanciones; los delitos y su penalización el resarcimiento de los daños sufridos, así como regular su aplicación por parte del Poder Público con la participación act iva y protagónica de las comunidades. Roberto León señaló que el nuevo Decreto además de eliminar la palabra consumidor y usuario de la esfera de la Ley, se contrapone a la Constitución Nacional, al posibilitar al Ejecutivo Nacional de poder iniciar expropiaciones de los bienes pertenecientes a los sujetos sometidos a la aplicación de la nueva ley, sin que medie para ello declaratoria previa de utilidad pública e interés social por parte de la Asamblea Nacional. Esta disposición es contraria a lo dispuesto en el ar tículo 115 de la Constitución, que garantiza el derecho a la propiedad. Por otra par te, el ar tículo 111 numeral 2do de la LDPABIS señala nuevamente la confi scación de bienes cuando se incurra en una conducta contraria a dicha Ley; contraviniendo el artículo 116 de la Const itución Nacional que establece la prohibición de confi scaciones de bienes, salvo algunos casos establecidos por la propia Constitución. León Parillí agregó además, que la Carta Magna consagra derechos económicos fundamentales que son violentados por la nueva Ley, al tomar medidas de cierre definitivo y penas accesorias de inhabilitación para el ejercicio del comercio. 'La nueva ley disminuye la actividad preventiva, educativa y conciliadora para la defensa del consumidor, y aumenta la capacidad represiva del Estado', dijo Roberto León. También añadió que el organismo público para la defensa del consumidor ha perdido su personalidad jurídica, su autonomía y su especialidad. Por último señaló que el carácter discrecional y represivo de la nueva ley produce inseguridad jurídica, lo que aleja la inversión, y con ello, las oportunidades para el consumidor. Joanny Jorges. Caracas
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